En 2019, casi el 10% de los residentes en municipios españoles de menos de 10.000 habitantes habían nacido en el extranjero. En el caso de la franja entre 20 y 39 años, el porcentaje sería del 16%. ¡Los inmigrantes rejuvenecen la España rural!
La inmigración se ha convertido en el fenómeno más relevante para la sociedad española en el nuevo siglo.
Ello nos conduce a la pregunta obligada de si los inmigrantes que recibe España, como movilidad de factores productivos, pueden representar una ventaja o una desventaja, analizado desde diferentes ángulos, para el país receptor. Y si pudiera ser la inmigración una de las soluciones al problema de la despoblación de la España rural.
Pero para ello, empezaremos con ciertas premisas que atañen a la cuantificación e importancia del fenómeno migratorio. En primer término, debemos acotar que España ha experimentado un mantenido crecimiento en la cifra de inmigrantes procedentes de diferentes países de origen.
En ese contexto, notamos como la inmigración ya influye en las nuevas proyecciones demográficas que incorporan el crecimiento de la población inmigrante y un aumento en la tasa de fertilidad, lo que lleva a predecir que la población en España puede crecer hasta 53 millones en el año 2050, iniciando un lento retroceso a partir de entonces. Ello, frente a las perspectivas pesimistas de finales del siglo XX sobre la reducción inminente del tamaño de la población española, dada su progresiva tasa de envejecimiento.
El crecimiento de la población española como consecuencia de la inmigración (tasa media anual del 1% desde 2000) supera la tasa máxima de crecimiento que tuvo lugar durante la generación del baby-boom en la década de los setenta.
Según la Estadística de Migraciones y las Cifras de Población en el primer semestre de 2020 (datos provisionales):
La población de España aumentó en 18.953 personas durante la primera mitad del año y se situó en 47.351.567 habitantes.
El saldo migratorio positivo de 113.856 personas compensó, en parte, el saldo vegetativo negativo de 94.057 personas.
Illes Balears (0,37%), Canarias (0,33%) y Región de Murcia (0,28%) experimentaron los mayores crecimientos de población.
Sin embargo, la pandemia por COVID-19 ha tenido un doble impacto sobre la Estadística de Migraciones y sobre las Cifras de Población, lo que se refleja como una disminución de la tasa de crecimiento por primera vez después de cinco años, principalmente debido a:
Las restricciones de movilidad que han producido una reducción de los flujos migratorios, tanto exteriores como dentro de nuestras fronteras. La mortalidad también se incrementó, por lo que el saldo vegetativo se redujo considerablemente.
La gestión padronal por parte de los ayuntamientos, de la que se nutre la Estadística de Migraciones, se vio afectada. Por un lado, porque los ayuntamientos no pudieron trabajar con normalidad. Y, por otro, porque los plazos administrativos sobre caducidad y comprobación de residencia de extranjeros se ampliaron.
Las estadísticas de Población por nacionalidad y lugar de nacimiento, reflejan que:
El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo.
El número de extranjeros aumentó en 99.183 personas durante el primer semestre de 2020, hasta un total de 5.326.089 a 1 de julio de 2020. Este incremento respondió, en gran medida, a un saldo migratorio positivo de 130.848 personas.
Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 80.230 personas. Esta evolución fue resultado de un saldo vegetativo negativo (de 116.278 personas), unido a un saldo migratorio también negativo (16.992) y a las adquisiciones de nacionalidad española (que afectaron a 53.706 personas, según datos provisionales).
Si nos restringimos a los españoles nacidos en España, esta población se redujo en 117.533 personas a lo largo de la primera mitad de 2020.
La población residente en España aumentó en 18.953 personas en la primera mitad de 2020 y se situó en 47.351.567 habitantes a 1 de julio de 2020. Es el valor máximo de la serie histórica.
De acuerdo al informe acerca de la estadística de ciudadanos residenciados en la Nación Ibérica en 2020, del Observatorio Permanente de Inmigración del Ministerio de Inclusión de España (Tal Cual Abril 13, 2021 – https://cpage.mpr.gob.es), el número total de inmigrantes con certificado de registro o tarjeta de residencia vigente, durante el año pasado, se situó en 5,8 millones de personas, lo que representa un incremento del 2% respecto a 2019. De 2011 a 2020, el número de migrantes en situación legal ha aumentado en casi un millón, pasando de 4.891.738 a 5.800.468 ciudadanos.
Los ciudadanos de Venezuela, de acuerdo a dicho informe, representan el mayor número de migrantes provenientes de América Latina residenciados en España, contabilizando a finales de diciembre de 2020 una población de 152.017 personas, representando una variación anual del 53,3% respecto a 2019. La edad promedio de dichos inmigrantes está por los 36 años y el 56% de ese grupo son del sexo femenino. Por otro lado, los migrantes procedentes de Rumania, Marruecos y Reino Unido son quienes han tenido el mayor número de residentes en España al 31 de diciembre de 2020: 1.079.726 rumanos, 811.530 marroquíes y 381.448 británicos.
Sin embargo, las cifras arrojadas por el Observatorio contrastan con las arrojadas por el INE, que contabiliza 405.492 venezolanos residenciados en España al primero de julio de 2020 (Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y país de nacimiento) (https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9675). Lo que sí está claro, es el crecimiento exponencial que ha tenido la presencia de migrantes venezolanos en territorio español en los últimos años.
En ese contexto, el reparto territorial de los extranjeros residentes en régimen general es muy desigual. Las provincias de Barcelona y Madrid concentran el 36% del total y junto con Murcia, Alicante y Valencia suman más de la mitad (52%). Otras 30 provincias y las dos ciudades autónomas apenas concentran un 1% del número total de extranjeros residentes en régimen general. Mientras que Cataluña era de lejos la principal región receptora de inmigrantes al comienzo de la década de los 90, Madrid ha venido aumentado singularmente el ritmo de atracción de los mismos desde entonces.
Ello evidencia que un desplazamiento de esa masa inmigratoria hacia poblados con menos habitantes o con peligro de despoblación, principalmente los medios rurales, produciría la doble ventaja de descongestión de los grandes centros urbanos, con su innegable influencia sobre la prestación de servicios, y la repoblación de los pequeños, con la consecuencia de su desarrollo y crecimiento y con una oferta de oportunidades más promisorias en cuanto a condiciones de vida.
A pesar de la creencia popular que alimenta actitudes de rechazo frente a la inmigración, la literatura económica ha realizado predicciones meridianamente claras sobre la existencia de beneficios netos positivos tanto para los países de destino de la migración como para los de origen. Para los países receptores, la llegada de inmigrantes por motivos económicos supone un aumento de la oferta de trabajo lo que conlleva, para una demanda de trabajo dada, una reducción de los salarios y un mayor nivel de empleo, suponiendo que el mercado laboral funcione de forma competitiva. A nivel fiscal, el aumento de la producción que lleva aparejado el mayor nivel de empleo, provoca un aumento de los beneficios empresariales que compensa la reducción de la masa salarial que reciben los trabajadores autóctonos.
A los beneficios mencionados se sumaría el de la repoblación de la España rural, lo que conllevaría una distribución más equitativa de la producción y la supervivencia de los Ayuntamientos más rezagados para cumplir con la función pública en beneficio de los residentes en sus territorios, lo que supondría un crecimiento igualmente más equitativo, en un proceso de retroalimentación.
En cuanto, ya específicamente, a las zonas rurales de España, los profesores Luis Camarero de la UNED y Rosario Sampedro perteneciente a la Universidad de Valladolid, analizan en un artículo, publicado por el Observatorio Social de Fundación “La Caixa”, las ventajas de la llegada de migrantes al medio rural español. Destacan en dicho artículo que los flujos de población han cambiado la fotografía del medio rural. En 2019, casi el 10% de los residentes en municipios españoles de menos de 10.000 habitantes habían nacido en el extranjero. En el caso de la franja entre 20 y 39 años, el porcentaje sería del 16%. Los inmigrantes rejuvenecen la España rural. Afirman que la realidad rural española se transforma. La mayor natalidad de la población inmigrante y la reagrupación familiar hacen que emerja una sociedad más diversa y cosmopolita.
Aseveran asimismo que, en la actualidad, el peso que tiene la población extranjera en las áreas rurales es notable: más de la décima parte de la población rural del cuadrante nordeste —Cataluña, Aragón y norte de Castilla-La Mancha— ha nacido fuera de España. Este fenómeno de difusión resulta de interés porque sugiere que no existen polos o centros de atracción definidos en el interior rural, sino que la entrada de población extranjera está asociada a desplazamientos hacia nuevos espacios y mercados laborales cercanos a los anteriores. Las áreas rurales se van poblando en cierta medida por saturación y contigüidad.
Además, la investigación muestra que la llegada de población extranjera a los municipios rurales de España está cambiando lentamente la composición demográfica de estos lugares. Los inmigrantes vienen con edades que facilitan tener hijos, y, asimismo, estas familias arriban con hijos menores o tienen la intención de solicitar la reagrupación familiar. De este modo, los nacimientos y las reagrupaciones de inmigrantes de origen extranjero son un fenómeno creciente y determinante del paisaje social futuro en las zonas rurales de España. En 2019, uno de cada cinco menores de 13 años en la España rural era hijo de madre de origen extranjero. De estos datos se desprende la importancia que tiene la contribución de la población extranjera a la constitución de las nuevas generaciones de habitantes rurales.
El mismo artículo afirma que los efectos a medio y largo plazo de esta nueva composición poblacional son y serán sustanciales tanto cultural como sociológicamente. Los habitantes rurales son pocos, pero diversos y cosmopolitas, lo cual suponen un capital social que, sin duda, transformará la España rural. Constituyen un conjunto de personas de diversos orígenes y culturas que hay que escuchar y tener muy en cuenta en cualquier política pública o iniciativa privada de desarrollo rural. Y también cuando se trate de repensar y fomentar la innovación social, así como las estrategias educativas y de formación en estos territorios. (https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjuk8fD1orwAhUHlBQKHXYlC38QFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fdiarioresponsable.com%2Fnoticias%2F30346-la-inmigracion-trae-grandes-beneficios-para-espana&usg=AOvVaw3RzmMW937svj2M-9tVk-Tq)
En las propuestas para facilitar el asentamiento de población proveniente de otros países en el medio rural, se destacan:
Implementar políticas rurales de asentamiento de los migrantes con presupuesto anexo.
Facilitar los trámites necesarios para la contratación.
Realizar procesos de acompañamiento en sentido amplio.
Posibilitar el acceso a la formación independientemente de la tenencia de arraigo, cualificación para el acceso al empleo.
Sensibilizar a la población de acogida, evitando las actitudes y expresiones racistas. Crear espacios interculturales, favoreciendo la integración de nuevas culturas a la autóctona, creando espacios de convivencia armónica.
Utilizar los recursos públicos (edificios, terrenos, etc.) y bienes comunales para poner en marcha proyectos bajo los parámetros de la economía social (entidades sociales, cooperativas, etc.); circular (reduciendo residuos, gasto energético, reciclando) y de cuidados (mayores, niños, personas dependientes).
Concentrar los esfuerzos de los poderes públicos en la atención de la mujer inmigrante y en los inmigrantes de segunda generación utilizando con mayor intensidad los medios de comunicación. Aunque el debate y los esfuerzos de la administración se centran actualmente en la ordenación de los flujos, la experiencia de otros países demuestra que los problemas reales de la inmigración surgen con la segunda generación o con colectivos de mayor riesgo como pueden ser las mujeres. Favorecer la igualdad de género puede jugar un papel importante en facilitar su integración, ya que la mujer ejerce un rol fundamental en la consecución de dicho logro. Las políticas anti-discriminatorias despiertan la atención pública y mediática sobre estos problemas, contribuyendo a cambiar actitudes adversas profundamente enraizadas en la sociedad.
(ENSAYOS SOBRE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Juan J. Dolado y Pablo Vázquez (Eds.) Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (Madrid) año 2008)
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